En octubre más allá de los candidatos, elegís seguir viviendo en un país con verdad y justicia, elegís construir un futuro más digno para las nuevas generaciones, o en un país con impunidad, donde unos pocos tienen el privilegio de no ser juzgados.
Es la Ley 15848, del 22 de diciembre de 1986, establece que el Estado renuncia a su pretensión punitiva, queda impedido de castigar los crímenes contra la sociedad cometidos por militares y policías durante la dictadura en territorio nacional.
Ampara el terrorismo de Estado y los crímenes contra los Derechos Humanos: secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones cometidos contra la población, incluyendo mujeres embarazadas y apropiación de niños.
Es Nula porque se supone que toda ley es válida si emana de la libertad del parlamento. Sin embargo esta ley fue votada bajo la presión militar y así lo declararon en esa sesión los parlamentarios. Viola tratados del Derecho Internacional ratificados por el Estado uruguayo. Es inconstitucional porque viola el principio de separación de poderes, establece que el Poder Judicial puede investigar solo con el permiso previo del Poder Ejecutivo y si este ordena archivar o clausurar alguna investigación se debe respetar.
Esta ley ya fue votada en 1989
Al igual que ocurrió durante su trámite parlamentario, el referéndum de 1989 se hizo bajo presiones y amenazas reconocidas por todos los actores, y en medio de una campaña de desinformación y engaños que negaba la existencia de crímenes en la dictadura. Por lo tanto no fue una decisión libre del pueblo. Hace muy pocos años que se habla de desapariciones, de torturas, de vuelos de la muerte. Actualmente el Estado uruguayo reconoce que hubo un terrorismo de Estado, entonces es innegable que estamos ante un contexto diferente, que hoy contamos con mayor información como para decidir concientemente si queremos o no esta ley.
Ciudadanos A y B
Esta ley establece una diferenciación en el tratamiento a los crímenes cometidos por determinados ciudadanos. Cuida, protege y le da impunidad a aquellos militares y policías que acobardados utilizaron el aparato Estatal para reprimir a una sociedad desarmada. Ante la premisa liberal de “todos iguales ante la ley” esta ley hace una gran excepción para privilegiar a aquellos que torturaron, mataron, robaron e hicieron desaparecer a ciudadanos por pensar distinto, por tener otro proyecto político que no era el de aquellos.
Hoy en el circo electoral se pide prácticamente condena de muerte a los chicos que condenados a la pasta base roban una cartera pero sin embargo no se exige justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
El Terrorismo de Estado es una práctica sistemática desde el aparato estatal contra toda la población civil, cometiendo crímenes de lesa humanidad. La dictadura no ataco únicamente a los militantes políticos y sociales, fue una política de miedo y represión contra toda la población. La teoría de los dos demonios que nos quisieron imponer inventando que era el enfrentamiento de un grupo subversivo contra los militares no fue más que otra estrategia para legitimar los crímenes aberrantes, para legitimar su impunidad y para equiparar víctimas y victimarios.
La impunidad nos condena a repetir la historia
¿Qué nos garantiza que todo esto no se vuelva a repetir? La impunidad es una carta blanca para los criminales, saben que mientras esto siga así nadie los va a juzgar. Para construir una sociedad más justa y solidaria, es necesario saber la verdad sobre nuestra historia reciente, es necesario investigar y juzgar para que NUNCA MÁS vuelva a suceder.
Pasado – Futuro
Se nos ha acusado de tener los ojos en la nuca, desde todo el espectro político se ha querido imponer una política del olvido. ¿A quién le conviene el olvido? A los asesinos y a sus cómplices, el pueblo uruguayo necesita saber la verdad y aprender de su historia. La anulación de la Ley de caducidad es una lucha por la construcción de un futuro mejor, un futuro donde no tengamos que convivir con asesinos y torturadores.
EN OCTUBRE VOTA SI POR VERDAD Y JUSTICIA
SI A LA ANULACIÓN DE LA LEY DE CADUCIDAD
Es la Ley 15848, del 22 de diciembre de 1986, establece que el Estado renuncia a su pretensión punitiva, queda impedido de castigar los crímenes contra la sociedad cometidos por militares y policías durante la dictadura en territorio nacional.
Ampara el terrorismo de Estado y los crímenes contra los Derechos Humanos: secuestros, torturas, violaciones, asesinatos y desapariciones cometidos contra la población, incluyendo mujeres embarazadas y apropiación de niños.
Es Nula porque se supone que toda ley es válida si emana de la libertad del parlamento. Sin embargo esta ley fue votada bajo la presión militar y así lo declararon en esa sesión los parlamentarios. Viola tratados del Derecho Internacional ratificados por el Estado uruguayo. Es inconstitucional porque viola el principio de separación de poderes, establece que el Poder Judicial puede investigar solo con el permiso previo del Poder Ejecutivo y si este ordena archivar o clausurar alguna investigación se debe respetar.
Esta ley ya fue votada en 1989
Al igual que ocurrió durante su trámite parlamentario, el referéndum de 1989 se hizo bajo presiones y amenazas reconocidas por todos los actores, y en medio de una campaña de desinformación y engaños que negaba la existencia de crímenes en la dictadura. Por lo tanto no fue una decisión libre del pueblo. Hace muy pocos años que se habla de desapariciones, de torturas, de vuelos de la muerte. Actualmente el Estado uruguayo reconoce que hubo un terrorismo de Estado, entonces es innegable que estamos ante un contexto diferente, que hoy contamos con mayor información como para decidir concientemente si queremos o no esta ley.
Ciudadanos A y B
Esta ley establece una diferenciación en el tratamiento a los crímenes cometidos por determinados ciudadanos. Cuida, protege y le da impunidad a aquellos militares y policías que acobardados utilizaron el aparato Estatal para reprimir a una sociedad desarmada. Ante la premisa liberal de “todos iguales ante la ley” esta ley hace una gran excepción para privilegiar a aquellos que torturaron, mataron, robaron e hicieron desaparecer a ciudadanos por pensar distinto, por tener otro proyecto político que no era el de aquellos.
Hoy en el circo electoral se pide prácticamente condena de muerte a los chicos que condenados a la pasta base roban una cartera pero sin embargo no se exige justicia para los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo.
El Terrorismo de Estado es una práctica sistemática desde el aparato estatal contra toda la población civil, cometiendo crímenes de lesa humanidad. La dictadura no ataco únicamente a los militantes políticos y sociales, fue una política de miedo y represión contra toda la población. La teoría de los dos demonios que nos quisieron imponer inventando que era el enfrentamiento de un grupo subversivo contra los militares no fue más que otra estrategia para legitimar los crímenes aberrantes, para legitimar su impunidad y para equiparar víctimas y victimarios.
La impunidad nos condena a repetir la historia
¿Qué nos garantiza que todo esto no se vuelva a repetir? La impunidad es una carta blanca para los criminales, saben que mientras esto siga así nadie los va a juzgar. Para construir una sociedad más justa y solidaria, es necesario saber la verdad sobre nuestra historia reciente, es necesario investigar y juzgar para que NUNCA MÁS vuelva a suceder.
Pasado – Futuro
Se nos ha acusado de tener los ojos en la nuca, desde todo el espectro político se ha querido imponer una política del olvido. ¿A quién le conviene el olvido? A los asesinos y a sus cómplices, el pueblo uruguayo necesita saber la verdad y aprender de su historia. La anulación de la Ley de caducidad es una lucha por la construcción de un futuro mejor, un futuro donde no tengamos que convivir con asesinos y torturadores.
EN OCTUBRE VOTA SI POR VERDAD Y JUSTICIA
SI A LA ANULACIÓN DE LA LEY DE CADUCIDAD
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