RECTIFICACIÓN IMPORTANTE:
LA PRÓXIMA REUNIÓN ES A LA HORA 16:00
Y NO A LAS 19, COMO ERRÓNEAMENTE SE
INDICÓ EN LA COMUNICACIÓN ANTERIOR.
domingo, 11 de abril de 2010
LA PRÓXIMA REUNIÓN DE LA COORDINACIÓN DE VECINOS SERÁ EL SÁBADO 17 DE ABRIL A LAS 19 HORAS EN EL ATENEO CARLOS MOLINA (CARLOS MARÍA RAMÍREZ FRENTE AL CEMENTERIO DE LA TEJA).
SERÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO APUNTANDO AL AGITE PREVIO AL 1º Y AL 20 DE MAYO Y A LA ENTREGA DE LA CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO, PREVISTA PARA EL 21 DE MAYO.
HACEMOS UN LLAMADO ESPECIAL A TODAS Y TODOS A ACERCARSE NUEVAMENTE A ESTA COORDINACIÓN.
LAS PERSPECTIVAS SON DE RECARGUE DE LAS PILAS Y DE TRABAJO DE LARGO ALIENTO.
EL MISMO SÁBADO 17 HABRÁ VOLANTEADA EN LA FERIA DE CARLOS MA. RAMÍREZ Y RIVERA INDARTE (A UNA CUADRA DE LA PLAZA SENDIC) Y EL DOMINGO 18 VOLANTEAREMOS EN LA FERIA DE TRISTÁN NARVAJA (NOS ENCONTRAMOS A LAS 11 EN EL CALLEJÓN DE LA UNIVERSIDAD).
¡QUE EL "NOS VEMOS" NO SEA SOLO UN SALUDO!
¿NOS VEMOS?
SERÁ UNA REUNIÓN DE TRABAJO APUNTANDO AL AGITE PREVIO AL 1º Y AL 20 DE MAYO Y A LA ENTREGA DE LA CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO, PREVISTA PARA EL 21 DE MAYO.
HACEMOS UN LLAMADO ESPECIAL A TODAS Y TODOS A ACERCARSE NUEVAMENTE A ESTA COORDINACIÓN.
LAS PERSPECTIVAS SON DE RECARGUE DE LAS PILAS Y DE TRABAJO DE LARGO ALIENTO.
EL MISMO SÁBADO 17 HABRÁ VOLANTEADA EN LA FERIA DE CARLOS MA. RAMÍREZ Y RIVERA INDARTE (A UNA CUADRA DE LA PLAZA SENDIC) Y EL DOMINGO 18 VOLANTEAREMOS EN LA FERIA DE TRISTÁN NARVAJA (NOS ENCONTRAMOS A LAS 11 EN EL CALLEJÓN DE LA UNIVERSIDAD).
¡QUE EL "NOS VEMOS" NO SEA SOLO UN SALUDO!
¿NOS VEMOS?
CARTA ABIERTA PARA SUSCRIBIR
Compañeros: rogamos difusión de la carta que sigue, a presentarse muy pronto, solicitándose que aquellas organizaciones y personas que estén de acuerdo con esta reclamación, nos hagan llegar su apoyo -especificando país de origen, nombre, apellido y de ser posible documento de identidad- a través del e-mail:
coordinaciondevecinos@gmail.com
Muchísimas Gracias
CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO DE URUGUAY
EXIGIENDO LA ANULACIÓN DE LA LEY 15.848
Un conjunto de vecinas y vecinos que somos parte del larguísimo millón de ciudadanos que ha expresa-do de manera sistemática y creciente, y por diversos medios, el rechazo indeclinable a la Ley 15.848 “de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, nos presentamos ante el cuerpo legislativo nacional para demandar que éste asuma, sin más dilatorias, la res-ponsabilidad funcional que le compete ante el caso extremo de impedimento impuesto al Poder Judicial, desde hace más de 20 años, de actuar ante gravísi-mos delitos de lesa humanidad cometidos por el Es-tado uruguayo, al amparo de esta “ley” que sabia-mente nuestro pueblo ha bautizado como “LEY DE IMPUNIDAD” y que viola los convenios internaciona-les suscritos por Uruguay sobre el juicio y castigo a estos delitos a escala mundial.
Nos presentamos para exigir del Parlamento, LA ANULACIÓN YA DE LA LEY 15.848, sin posteriores “indultos” ni “excepcionalidades” que supongan eximir a los criminales del juicio y castigo merecidos.
El último pronunciamiento público del 25 de Octu-bre de 2009 en el sentido de anular la “ley”, deja en evidencia que -más allá de formalidades, procedi-mientos electorales cuestionables y la falta de difu-sión pública de fundamentos para la nulidad- en 20 años no han sido depuestos ni el anhelo ni el clamor populares de Verdad y Justicia, ni tampoco el categó-rico rechazo a que sea el mismo Estado violador de los Derechos Humanos el que pretenda –a través del Poder Ejecutivo- disponer quiénes, cuándo y cómo deben ser juzgados y castigados por la única institu-ción que se supone debe hacer cumplir la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”, sin excepcio-nes ni favoritismos.
Un solo hecho habla por sí mismo de cómo debe proceder la Justicia cuando no es sometida a la pre-sión de otros poderes o cuando otros poderes pre-tenden autoatribuirse las potestades de aquella: el principal responsable político de violar la Constitu-ción de la República en 1973 y co-responsable ideo-lógico de aberrantes crímenes de lesa humanidad, un ex presidente y dictador, ha sido condenado –aunque más no sea tardíamente- por funcionarios del Poder Judicial que no cedieron ni al amedrentamiento ni a la presión de otros funcionarios públicos, partidos políticos o instituciones oficiales.
Juan María Bordaberry, procesado y condenado por golpista y por asesino, es la medida de cúanto se ha impedido en 20 años desconociéndose la indepen-dencia y las atribuciones del Poder Judicial, y cuánto nos hubiésemos ahorrado en riesgos de seguridad ciudadana y nuevas amenazas golpistas, de haberse hecho caso al clamor y la voluntad populares de Ver-dad y Justicia, dejándose actuar debidamente al Po-der Judicial dentro de los marcos y las reglas de jue-go instituídos por el mismo Estado que hoy las des-conoce.
La realidad rompe los ojos y no caben ya las me-dias tintas:
O el Poder Legislativo, atendiendo a la sensibilidad ciudadana y respetuoso de las normas de justicia de carácter nacional e internacional, ANULA YA MISMO LA LEY DE IMPUNIDAD sin dejarse influir por presio-nes en busca de “indultos” o “perdón”, o nuestro pueblo no tendrá más remedio que concluir que la salvaguarda de los Derechos Humanos, para defen-derse por sí y ante sí, quedaría necesariamente y ex-clusivamente, bajo su única responsabilidad.
Esta sería la conclusión lógica ante la pasividad del Parlamento y esta misma pasividad evidenciaría la existencia de “pactos” o “conjuras” que pretenden garantizar de por vida salvoconductos de impunidad “selectiva”, tan graves y delicados respecto al pasa-do, como lo serían también respecto al presente y el futuro.
A diario se revelan crudamente las incontables for-mas de la impunidad (la de la discriminación y crimi-nalización de la pobreza; la de la omnipotencia y los vejámenes patronales; la de los represores que pro-vocan situaciones trágicas en nombre de “la ley y el orden”; la de agentes que existirían para garantizar la seguridad ciudadana y sin embargo son responsa-bles de horrendos crímenes, robos y secuestros; hasta la impunidad de medidas político-económicas de cuyos perjuicios sociales nadie se hace cargo, siendo un muy buen ejemplo de ello la “deuda exter-na”), pero no esperamos el “imposible” de que este Parlamento las elimine, sino simplemente que no consagre las formas extremas de la impunidad, con-sagrando “leyes” que habilitan el terrorismo de Esta-do y la protección de quienes lo practican.
Lo único que estamos exigiendo –en síntesis-, enérgica y responsablemente, es que se deje actuar libremente al Poder Judicial en cuanto a los cientos y cientos de casos de individuos que siguen siendo un peligro social y cuya situación de amparo y protec-ción, representa de hecho un aliciente para la acción de nuevos y más feroces enemigos del pueblo, con uniforme o sin él, en “democracia” o en “dictadura”. No hacerlo, es declarar irresponsablemente la impu-nidad como atributo “legal” de los poderosos y privi-legiados hasta en las situaciones más aberrantes y anti humanas.
Lo que sencillamente exigimos de senadores y di-putados elegidos para “representarnos”, es que no sean cómplices de hecho de la impunidad extrema:
QUE YA MISMO NOS “REPRESENTEN” AL MENOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON SU DEBER DE ANULAR YA LA LEY 15.848, PONIENDO FRENO A CUALQUIER MANIOBRA QUE SIGNIFIQUE PERDONAR, INDULTAR O PRIVILEGIAR A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, Y QUE PRESERVE A NUESTRO PAÍS DE EVENTUALES SANCIONES DEVENIDAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL URUGUAY.
A la espera de que los legisladores respondan ya mismo con hechos a la presente demanda y mante-niéndonos atentos a la conducta parlamentaria sobre el particular,
Firma: Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad, abril de 2010.
RESISTIR LA IMPUNIDAD BARRIO A BARRIO – DÍA A DÍA
Suscriben:
coordinaciondevecinos@gmail.com
Muchísimas Gracias
CARTA ABIERTA AL PARLAMENTO DE URUGUAY
EXIGIENDO LA ANULACIÓN DE LA LEY 15.848
Un conjunto de vecinas y vecinos que somos parte del larguísimo millón de ciudadanos que ha expresa-do de manera sistemática y creciente, y por diversos medios, el rechazo indeclinable a la Ley 15.848 “de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado”, nos presentamos ante el cuerpo legislativo nacional para demandar que éste asuma, sin más dilatorias, la res-ponsabilidad funcional que le compete ante el caso extremo de impedimento impuesto al Poder Judicial, desde hace más de 20 años, de actuar ante gravísi-mos delitos de lesa humanidad cometidos por el Es-tado uruguayo, al amparo de esta “ley” que sabia-mente nuestro pueblo ha bautizado como “LEY DE IMPUNIDAD” y que viola los convenios internaciona-les suscritos por Uruguay sobre el juicio y castigo a estos delitos a escala mundial.
Nos presentamos para exigir del Parlamento, LA ANULACIÓN YA DE LA LEY 15.848, sin posteriores “indultos” ni “excepcionalidades” que supongan eximir a los criminales del juicio y castigo merecidos.
El último pronunciamiento público del 25 de Octu-bre de 2009 en el sentido de anular la “ley”, deja en evidencia que -más allá de formalidades, procedi-mientos electorales cuestionables y la falta de difu-sión pública de fundamentos para la nulidad- en 20 años no han sido depuestos ni el anhelo ni el clamor populares de Verdad y Justicia, ni tampoco el categó-rico rechazo a que sea el mismo Estado violador de los Derechos Humanos el que pretenda –a través del Poder Ejecutivo- disponer quiénes, cuándo y cómo deben ser juzgados y castigados por la única institu-ción que se supone debe hacer cumplir la premisa de que “todos somos iguales ante la ley”, sin excepcio-nes ni favoritismos.
Un solo hecho habla por sí mismo de cómo debe proceder la Justicia cuando no es sometida a la pre-sión de otros poderes o cuando otros poderes pre-tenden autoatribuirse las potestades de aquella: el principal responsable político de violar la Constitu-ción de la República en 1973 y co-responsable ideo-lógico de aberrantes crímenes de lesa humanidad, un ex presidente y dictador, ha sido condenado –aunque más no sea tardíamente- por funcionarios del Poder Judicial que no cedieron ni al amedrentamiento ni a la presión de otros funcionarios públicos, partidos políticos o instituciones oficiales.
Juan María Bordaberry, procesado y condenado por golpista y por asesino, es la medida de cúanto se ha impedido en 20 años desconociéndose la indepen-dencia y las atribuciones del Poder Judicial, y cuánto nos hubiésemos ahorrado en riesgos de seguridad ciudadana y nuevas amenazas golpistas, de haberse hecho caso al clamor y la voluntad populares de Ver-dad y Justicia, dejándose actuar debidamente al Po-der Judicial dentro de los marcos y las reglas de jue-go instituídos por el mismo Estado que hoy las des-conoce.
La realidad rompe los ojos y no caben ya las me-dias tintas:
O el Poder Legislativo, atendiendo a la sensibilidad ciudadana y respetuoso de las normas de justicia de carácter nacional e internacional, ANULA YA MISMO LA LEY DE IMPUNIDAD sin dejarse influir por presio-nes en busca de “indultos” o “perdón”, o nuestro pueblo no tendrá más remedio que concluir que la salvaguarda de los Derechos Humanos, para defen-derse por sí y ante sí, quedaría necesariamente y ex-clusivamente, bajo su única responsabilidad.
Esta sería la conclusión lógica ante la pasividad del Parlamento y esta misma pasividad evidenciaría la existencia de “pactos” o “conjuras” que pretenden garantizar de por vida salvoconductos de impunidad “selectiva”, tan graves y delicados respecto al pasa-do, como lo serían también respecto al presente y el futuro.
A diario se revelan crudamente las incontables for-mas de la impunidad (la de la discriminación y crimi-nalización de la pobreza; la de la omnipotencia y los vejámenes patronales; la de los represores que pro-vocan situaciones trágicas en nombre de “la ley y el orden”; la de agentes que existirían para garantizar la seguridad ciudadana y sin embargo son responsa-bles de horrendos crímenes, robos y secuestros; hasta la impunidad de medidas político-económicas de cuyos perjuicios sociales nadie se hace cargo, siendo un muy buen ejemplo de ello la “deuda exter-na”), pero no esperamos el “imposible” de que este Parlamento las elimine, sino simplemente que no consagre las formas extremas de la impunidad, con-sagrando “leyes” que habilitan el terrorismo de Esta-do y la protección de quienes lo practican.
Lo único que estamos exigiendo –en síntesis-, enérgica y responsablemente, es que se deje actuar libremente al Poder Judicial en cuanto a los cientos y cientos de casos de individuos que siguen siendo un peligro social y cuya situación de amparo y protec-ción, representa de hecho un aliciente para la acción de nuevos y más feroces enemigos del pueblo, con uniforme o sin él, en “democracia” o en “dictadura”. No hacerlo, es declarar irresponsablemente la impu-nidad como atributo “legal” de los poderosos y privi-legiados hasta en las situaciones más aberrantes y anti humanas.
Lo que sencillamente exigimos de senadores y di-putados elegidos para “representarnos”, es que no sean cómplices de hecho de la impunidad extrema:
QUE YA MISMO NOS “REPRESENTEN” AL MENOS CUMPLIENDO ESTRICTAMENTE CON SU DEBER DE ANULAR YA LA LEY 15.848, PONIENDO FRENO A CUALQUIER MANIOBRA QUE SIGNIFIQUE PERDONAR, INDULTAR O PRIVILEGIAR A LOS ASESINOS DEL PUEBLO, Y QUE PRESERVE A NUESTRO PAÍS DE EVENTUALES SANCIONES DEVENIDAS DEL INCUMPLIMIENTO DE NORMAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES SUSCRITOS POR EL URUGUAY.
A la espera de que los legisladores respondan ya mismo con hechos a la presente demanda y mante-niéndonos atentos a la conducta parlamentaria sobre el particular,
Firma: Coordinación de Vecinos por la Anulación de la Ley de Impunidad, abril de 2010.
RESISTIR LA IMPUNIDAD BARRIO A BARRIO – DÍA A DÍA
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